25 marzo 2008, 16:38

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Actos de amenaza y asesinato de líderes sindicales, detenciones masivas y sin fundamento. 

Comité Permanente en Defensa de los Derechos Humanos – CPDH y Comisión Colombiana de Juristas – CCJ. Central Unitaria de los Trabajadores de Colombia – CUT y Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos – FCSPP. 

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Colombia. 

Fax y e-mail.

Los fax y correos electrónicos destinatarios corresponden a las autoridades colombianas u otros organismos reseñados en la acción urgente contra las ejecuciones sumarias … realizada con fecha 4 febrero 2008.

Descripción.

1. Actos de intimidación, amenazas y ataques contra numerosos miembros de ONGs.

El Observatorio ha recibido con seria preocupación informaciones del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) sobre actos de intimidación, amenazas y ataques contra varios miembros de ONGs y de organizaciones sociales que han impulsado la Jornada Nacional del 6 de marzo en homenaje a las víctimas del paramilitarismo, la parapolítica y los crímenes de Estado.

De acuerdo con las informaciones recibidas, el viernes 29 de febrero de 2008, alrededor de las 5 h. 30 min. de la mañana, un motociclista disparó hacia la casa de habitación de la Sra. Adriana González Correa, Secretaria Ejecutiva de la Seccional del CPDH en el departamento de Risaralda y organizadora de la marcha del 6 de marzo en la ciudad de Pereira. El proyectil impactó en una de las ventanas de la casa de la Sra. González, pero ella afortunadamente salió ilesa del ataque.

Según las informaciones, el mismo día, el Sr. Guillermo Castaño Arcila, Presidente del CPDH en Risaralda y también promotor de la marcha, recibió amenazas de muerte en su buzón de correo electrónico, en las cuales fue declarado objetivo militar por grupos paramilitares.

Dicha amenaza también fue enviada a los Sres. Mauricio Cubides, miembro de la Federación Sindical de Trabajadores Agrícolas (FENSUAGRO) y Diego Macías, miembro de la Corporación Campesina para el Desarrollo Sustentable (CORPOCAM), organización que trabaja a favor del medio ambiente, siendo los dos también organizadores de la marcha en Pereira.

Estos hechos han ocurrido en medio de un contexto general de ataques contra esta movilización por parte de varios sectores de la sociedad colombiana, incluidos políticos y periodistas. Así, el asesor presidencial Sr. José Obdulio Gaviria desacreditó esta manifestación, equiparando además a los organizadores con agentes guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y varios artículos de prensa también han declarado que esta manifestación era una marcha a favor de las FARC.

El Observatorio manifiesta más generalmente :

– temor por la seguridad e integridad física y psicológica de todos los miembros de organizaciones que han promovido la marcha del 6 de marzo, en particular en este caso de la Sra. Adriana González, y de los Sres. Guillermo Castaño, Mauricio Cubides y Diego Macías.

Las declaraciones públicas del gobierno, las cuales coinciden con las de grupos paramilitares y de algunos periodistas, pueden poner en peligro la vida y la integridad personal de las víctimas, de su familias, y de los defensores y organizaciones que los acompañan, y más generalmente de todos los defensores de derechos humanos y de las organizaciones sociales que convocaron la mencionada movilización del 6 de marzo.

– preocupación por las constantes amenazas, los actos de hostigamiento y de intimidación, incluidos asesinatos y desapariciones forzadas, de los cuales son víctimas los defensores de derechos humanos en Colombia desde varios años.

En diferentes regiones de Colombia los promotores de esta jornada fueron víctimas de constantes amenazas por parte de los grupos de autodefensa (F.A.N. – Frente Aguilas Negras), como el Sr. Dario Tote, comunero indígena de la población de Kokonuko en el departamento del Cauca, la Sra. Ingrid Vergara Chávez (beneficiaria de medidas cautelares de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH), el 8 de noviembre de 2006) y el Sr. Pedro Geney, coordinadores en el departamento de Sucre, todos integrantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).

Hostigamiento contra las organizaciones sociales que impulsaron la Jornada Nacional del 6 de marzo.

Las últimas informaciones de varias fuentes fiables, entre ellas la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), una de las organizaciones colombianas que convocó a la Jornada Nacional del 6 de marzo, sobre los actos de hostigamiento y las serias amenazas de muerte enviadas contra numerosos miembros de ONGs, denuncian que el miércoles 12 de marzo de 2008, la abogada Ana María Rodríguez, que en nombre de la CCJ asistió a las reuniones preparatorias de la mencionada marcha, recibió en su buzón de correo electrónico, un mensaje proveniente de un grupo autodenominado F.A.N. – Frente Aguilas Negras – Bloque Metropolitano de Bogotá, a través del cual grupos paramilitares envían una amenaza contra varias organizaciones sociales y de derechos humanos como la Organización Indígena de Colombia (ONIC), la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, etc … así como la Sra. Luz Helena Ramírez, integrante del Comité de Impulso del Movimiento Nacional de Víctimas (MOVICE), la Sra. Diana Marcela Gómez Correal y otros organizadores o participantes en la marcha, señalando que desaparecerán y asesinarán una lista de personas, entre las que se encuentra la citada abogada.

Las informaciones señalan que la mayoría de las personas reseñadas en la lista hacen parte del Comité de impulso del Encuentro Nacional de Víctimas pertenecientes a Organizaciones Sociales y fueron convocantes de la marcha llevada a cabo el 6 de marzo de 2008.

En el texto se contienen amenazas contra ONGs, Asociaciones y Fundaciones como Minga, Reiniciar, Fundip, Asopron, Andas, Asdego, Fenacoa, Asomujer, Codhes, Cut y otras, así como contra líderes y dirigentes como Diana Sánchez, Jael Quiroga, Albeiro Betancourt, Luís Sandoval, Viviana Ortiz, Diana Gómez, Francisco Bustamante, Nancy Carvajal, Luz Estella Aponte, Pablo Arenales, Yulieth Tombe, Juan Pineda, Virgelina Chara, Nubia Silva, Ester Marina Gallego, Nancy Fiallo, Omar Hernández, Diana Marcela Caicedo, Jorge Ramírez, Luz Elena Ramirez, Ana María Rodríguez, Nelly Velandia, Blanca Sarmiento, Libardo Pedrozo, Alfonso Silva y otros.

Se ha denunciado que en diferentes regiones de Colombia los promotores de esta jornada han sido víctimas de persecución y de constantes amenazas por parte de los grupos de autodefensa, cuyo accionar lo asumen hoy en nombre del F.A.N. – Frente Aguilas Negras.

Se recuerda que la labor de la Comisión Colombiana de Juristas y la de las otras organizaciones sociales y de derechos humanos encuentra amparo y respaldo en diversas normas tanto de orden nacional como internacional, entre ellas en el artículo 95 de la Constitución Política que señala que es deber de las personas en Colombia “defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica”.

En el mismo sentido, la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, precisa en particular lo referente a la protección del derecho de toda persona “individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos” (Art.1).

El Observatorio manifiesta preocupación por la seguridad e integridad física y psicológica de todos los miembros de organizaciones que promovieron la marcha del 6 de marzo, en particular en este caso de las personas físicas y jurídicas que aparecen en la lista contenida dentro de la amenaza descrita.

Asunto : Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) y Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).

– tomar de inmediato las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de todas y cada una de las personas amenazadas en el marco de la marcha del 6 de marzo, en homenaje a las víctimas del paramilitarismo, la parapolítica y los crímenes de Estado, así como tomar las medidas adecuadas de protección de todos los miembros de sus familias;

– llevar a cabo una investigación independiente, exhaustiva e imparcial en general en torno a las graves amenazas y actos de hostigamiento contra los miembros y organizaciones involucradas en la marcha del 6 de marzo, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o civiles previstas por la ley;

– reconocer públicamente la importancia de la labor de los defensores en favor de la promoción y la protección de los derechos humanos en lugar de descalificarlos;

– poner fin a todo tipo de hostigamiento y de violencia en contra de los defensores de derechos humanos en Colombia;

– asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos” (Art.1) así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar “la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia o represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria en el ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (Art.12.2);

– de manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Colombia.

Nombre y Apellidos :
Credenciales :
Fecha :

Expiración : 18 abril 2008.

2. Asesinato de líderes y activistas sindicales.

Se ha recibido con expresa y extrema preocupación informaciones sobre los hechos de extrema gravedad ocurridos en Colombia en torno a los convocantes, promotores y/o participantes en la marcha del 6 de marzo llamada para honrar a las víctimas del paramilitarismo.

Según los informes de la Central Unitaria de los Trabajadores de Colombia (CUT) se informa sobre las ejecuciones sumarias en acto de atentado y tentativa terrorista contra sindicalistas entre el 4 y el 11 de marzo de 2008 considerando como muy probable que estos crímenes estén relacionados con la participación de las víctimas en la marcha del 6 de marzo y/o en su preparación.

De acuerdo con las denuncias de la CUT, el 4 de marzo, la Sra. Carmen Cecilia Carvajal, docente de la Normal Superior del municipio de Ocaña, Departamento de Norte de Santander y afiliada a la Asociación Sindical de Institutores Nortesantandereanos (ASINORT), fue asesinada en hechos ocurridos cuando ella se disponía a dirigirse hacia su sitio de trabajo. Un día después, el Sr. Leonidas Gómez Rozo, dirigente de la Unión Nacional de Empleados Bancarios (UNEB) e integrante del Equipo Nacional de Educación de la CUT, en Bogotá, fue encontrado ese día por su familia en su apartamento, brutalmente asesinado. El 7 de marzo, el Sr. Rafael Boada, presidente del mismo sindicato UNEB, seccional Bucaramanga fue víctima de un atentado en esa ciudad y el Sr. Gildardo Antonio Gómez Alzate, educador y delegado de la Asociación de Institutores de Antioquia-ADIDA, miembro del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes (CEID), fue asesinado en la ciudad de Medellín. Por su parte el Sr. Carlos Burbano, Directivo de la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios (ANTHOC) y líder de la movilización del 6 de marzo en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, desapareció el 9 de marzo y su cadáver fue descubierto dos días después. El Sr. Carlos Burbano, había sido amenazado y hostigado previamente al 6 de marzo por su labor como organizador de la marcha.

Por otro lado, el 12 de marzo de 2007, grupos paramilitares autodenominados F.A.N. – Frente Aguilas Negras, enviaron amenazas de muerte en contra de numerosos miembros de ONGs y de organizaciones sociales que impulsaron la jornada de homenaje nacional a las víctimas del paramilitarismo, la parapolítica y los crímenes de Estado. Se ha denunciado que todas las víctimas de ejecuciones sumarias habían recibido amenazas de muerte.

La OMCT condena los asesinatos y atentados terroristas, y manifiesta de nuevo su seria preocupación por :

– la seguridad e integridad física y psicológica de todos los miembros de organizaciones sindicales y recuerda que, según las denuncias de la CUT, hasta la fecha de la elaboración de esta denuncia ya son nueve los líderes sindicalistas y/o trabajadores sindicalizados, destacados dentro de sus respectivos sindicatos, que han sido asesinados durante el transcurso del presente año.

– la continuidad de las amenazas, actos de hostigamiento y persecución contra dirigentes sindicales, líderes sociales, activistas y defensores de Derechos Humanos en Colombia y en particular en este caso por la seguridad e integridad personal de los miembros de las familias de las víctimas.

Es urgente que las autoridades colombianas garanticen la seguridad de todos los defensores de derechos humanos así como de todas las personas que participaron en la marcha del 6 de marzo y/o en su convocatoria u organización.

Asunto : Central Unitaria de los Trabajadores de Colombia (CUT).

– tomar de inmediato las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de las familias de los Sres. Leonidas Gómez Rozo, Rafael Boada, Carmen Cecilia Carvajal Ramírez, Carlos Burbano y Gildardo Antonio Gómez Alzate;

– llevar a cabo una investigación completa, independiente, exhaustiva e imparcial en torno a los delitos mencionados, y en particular sobre los actos de hostigamiento contra los miembros de las organizaciones sindicales, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o civiles previstas por la ley;

– velar por que se ponga fin a todo tipo de hostigamiento y de violencia en contra de los defensores de derechos humanos en Colombia;

– asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos” (Art.1) así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar “la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia o represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria en el ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (Art.12.2);

– de manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Colombia.

Nombre y Apellidos :
Credenciales :
Fecha :

Expiración : 22 abril 2008.

3. Detenciones masivas y sin fundamento, así como señalamientos en inspección …

El Secretariado Internacional de la OMCT acaba de recibir informaciones de varias fuentes entre ellas la Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos (FCSPP), organización miembro de la red SOS-Tortura, sobre las detenciones masivas y sin fundamento, los señalamientos y la estigmatización de miembros de la población civil, en hechos ocurridos en la Inspección de Piñuña Negro, zona rural del municipio de Puerto Leguízamo, en el Departamento de Putumayo. en el marco de la política del Presidente Álvaro Uribe que ha convertido la lucha contra los insurgentes en la prioridad esencial y en el objetivo central de su gobierno, para lo cual instauró como uno de los ejes de su gobierno: la Política de Seguridad Democrática (PSD).

Mediante un decreto ejecutivo primero y luego por medio de propuestas de leyes antiterroristas y otras, el Presidente Uribe ha otorgado al ejército diversos poderes policiales, sin aprobación ni supervisión judicial, con lo cual se han restringido las libertades civiles individuales. Junto con el fortalecimiento de la estructura institucional de seguridad de Colombia, el Presidente Uribe estableció una red de más de un millón de colaboradores e informantes civiles a quienes se les paga por suministrar información acerca de los insurgentes. En segundo lugar, organizó unas milicias campesinas semientrenadas cuyos miembros operan en sus propias comunidades.

De acuerdo con las informaciones, el 23 de febrero de 2008 hacia las 7 h. a.m. aproximadamente llegaron miembros del Ejército Nacional Brigada 27 de selva, con sede en Santana, Putumayo junto con miembros de la Base Naval de Puerto Leguizamo y convocaron a una reunión a los campesinos habitantes de la Inspección de Piñuña Negro en donde les tomaron fotos, los reseñaron y procedieron a detener arbitrariamente a doce de ellos, dos de los cuales fueron sacados en helicóptero hacia Puerto Leguizamo y los demás retenidos en el buque de marina. Además se ha denunciado que los militares afirmaron tener una lista de 105 campesinos para retenerlos y al parecer adelantan operativos en los que se hacen acompañar por la red de informantes pagados.

Según las denuncias, las personas detenidas en el mencionado operativo militar son las Sras. Blanca Nora Bastidas y Epifanía Quiñonez y los Sres. Mario Fernando Quiñonez, José Marcial Rosero, Roberto Rivera Madrid, Jairo Cano, José Orlando Vélez, Diego Matamba, Ariel Vanegas Naranjo, Alexander García Restrepo, Fabián Antonio Ríos y Alirio Chávez, todos ellos afiliados a la Asociación Campesina Agrícola del Putumayo, ASCAP, filial de FENSUAGRO (Federación Sindical de Trabajadores Agrícolas) – CUT (Central Unitaria de los Trabajadores de Colombia).

De acuerdo con las informaciones, ante una acción de Habeas Corpus, interpuesta por organizaciones de defensa de los derechos humanos ante los Juzgados Penal Especializado del Circuito y Promiscuo municipal de Puerto Leguizamo, éstos decidieron poner en libertad a los detenidos al observar que su detención se realizó de manera injustificada, e inclusive, según las denuncias, se habría solicitado la realización inmediata de una investigación disciplinaria y penal por haber mantenido detenidas de manera arbitraria a las personas mencionadas.

Sin embargo, el mismo día 23 de febrero, el Fiscal 251 Especializado de Bogotá expidió de inmediato nuevas órdenes de captura en contra de los recién liberados, las cuales se hicieron efectivas a través de agentes del Servicio de Investigaciones Judiciales e Inteligencia de la Policía (SIJIN), quienes llevaron a cabo la recaptura de las mismas 12 personas quienes fueron puestas a disposición de la Fiscalía, desestimando así la decisión tomada por los entes antes mencionados.

Según las denuncias, las doce personas detenidas fueron trasladadas a la ciudad de Bogotá en donde se encuentran en condiciones no aptas, en particular porque están privados de la compañía cercana de sus familiares, a pesar de que existen tres fiscales en la ciudad de Puerto Asís con todas las facultades legales para realizar los procedimientos de indagatoria y los demás pertinentes de sus casos.

La OMCT manifiesta su preocupación por la seguridad e integridad física y psicológica de las personas capturadas en la Inspección de Piñuña Negro, de Puerto Leguizamo, así como también por el respeto al derecho al debido proceso de los mismos y en general por los derechos fundamentales de los campesinos y comunidades que habitan la Inspección de Piñuña Negro, y recuerda que ya había manifestado su seria preocupación por la situación jurídica y personal de numerosas personas que han sido objeto de detenciones masivas realizadas dentro del marco de la implementación de la política de “Seguridad Democrática”.

Asunto : Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos (FCSPP).

– tomar de manera urgente e inmediata las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de todas las personas detenidas en la Inspección de Piñuña Negro, municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, en hechos ocurridos el 23 de febrero de 2008, así como de todos los miembros de sus respectivas familias y en general de sus habitantes;

– ordenar la libertad inmediata de todos y cada uno de los detenidos mencionados, en caso de encontrarse detenidos en ausencia de cargos legales válidos o, en el caso de que estos cargos existan, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y garantizarles sus derechos procesales en todo momento;

– llevar a cabo una investigación independiente, completa, exhaustiva e imparcial en torno a todos los hechos ocurridos, con el fin de identificar a los responsables, y aplicarles las sanciones penales, y/o civiles previstas por la ley;

– dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones dadas por los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos;

– de manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, en particular con la Convención Contra la Tortura, ratificada por Colombia.

Nombre y Apellidos :
Credenciales :
Fecha :

Expiración : 25 abril 2008.

 


Notas de prensa 2013-15
 
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