Ciudad del Vaticano, 2 mayo 2014 (VIS).- La Convención contra la Tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes es una de las principales convenciones internacionales en el marco de la actividad de las Naciones Unidas y a la que se adhieren libremente muchos países miembros de la comunidad internacional.

Para verificar su aplicación y progresos se instituyen comités de expertos independientes con la tarea de examinar los informes periódicos que se comprometen a presentar los “Estados Partes” en la medida que les corresponda. Durante sus sesiones en Ginebra, el Comité encuentra a las delegaciones para examinar los informes y el estado de aplicación y observación de la Convención así como tratar las eventuales cuestiones de interpretación de la misma. Se trata de un procedimiento normal en el que la sociedad civil también puede desempeñar un papel presentando sugerencias por parte de organizaciones no gubernamentales de orientaciones diversas.

La Convención contra la Tortura se remonta a 1984. La Santa Sede se adhirió en 2002 por cuenta del Estado de la Ciudad del Vaticano, y presentó su informe inicial en diciembre de 2012. El Comité está integrado por 10 miembros y lleva a cabo su 52ª reunión en el Palais Wilson de Ginebra del 28 de abril al 23 de mayo. En el curso de la misma examinará los informes de ocho países : Uruguay, Tailandia, Sierra Leona, Guinea, Montenegro, Chipre, Lituania y Santa Sede. La reunión con la delegación vaticana tendrá lugar los días 5 y 6 de mayo. En la mañana del primer día, se efectuará una breve presentación del informe por parte de la delegación, seguida por comentarios de dos relatores elegidos por el Comité. En la tarde del día siguiente, tendrá lugar el turno de preguntas y respuestas. El 23 de mayo, una conferencia de prensa clausurará la sesión y se publicará las “Observaciones finales”, a las que los Estados Parte pueden responder por escrito.

La naturaleza de las cuestiones que se tratan atañe sobre todo a temas relacionados con el derecho penal y procesal, el sistema penitenciario y las relaciones internacionales en el ámbito judicial. Por tanto, en el informe presentado por la Santa Sede en diciembre de 2012 se hace referencia a la revisión en curso de la legislación del Estado de la Ciudad del Vaticano en lo relativo a su territorio, perspectiva que se ha completado con las nuevas leyes promulgadas el 11 de julio del 2013, y que entraron en vigor el 1 de septiembre del 2013 de conformidad con la Convención, tal y como expresó el arzobispo Dominique Mamberti en L’Osservatore Romano (12.7.2013), con el fin de adecuar la legislación vaticana a las exigencias de diversos convenios internacionales, no sólo contra la tortura, sino también para combatir la criminalidad en el ámbito económico financiero y la discriminación racial, así como mejorar la protección de los derechos de los niños, fomentando el consenso de la comunidad internacional para la tutela efectiva de los valores esenciales que caracterizan la dignidad de las personas, reafirmando su firme compromiso.