Ciudad del Vaticano, 17 noviembre 2014 (VIS).- El arzobispo Silvano Tomasi, Observador Permanente de la Santa Sede ante la Oficina de Naciones Unidas e instituciones especializadas en Ginebra, intervino el pasado 10 de noviembre en la Conferencia de los Estados adherentes al protocolo sobre Residuos Bélicos Explosivos de la Convención sobre la Prohibición y Límite del uso de algunas armas convencionales que pueden ser consideradas excesivamente dañinas o de efecto indiscriminado. El protocolo establece las obligaciones y prácticas mejores para defender a la población civil de los peligros aparejados con la permanencia en el terreno de artefactos explosivos.

Es importante que todos los países asuman seriamente la aplicación de este instrumento, tanto en su dimensión preventiva, como correctiva. Los numerosos conflictos recientes en Oriente Medio, Africa y Europa, nos recuerdan nuestras responsabilidades por cuanto se refiere a los residuos bélicos abandonados. No se trata ya solamente de la seguridad de la población civil, asistimos a una desestabilización nacional y regional debida a la falta de seguridad y control de los arsenales que la comunidad internacional no puede o no está suficientemente preparada para prevenir. Es cierto que la responsabilidad principal es la del estado afectado, pero la cooperación internacional es también una obligación. También hay que tener en cuenta que la mayoría de los países en conflicto no siempre tienen los medios suficientes para superar las consecuencias del conflicto armado en su territorio.

El éxito de la colaboración entre los gobiernos, las organizaciones internacionales y las ONGs en varias áreas del desarme está muy consolidado, y todos nos beneficiamos de su profesionalidad y competencia. Por eso creemos que deberían seguir teniendo en este ámbito un papel de cara a la prevención de los daños causados.

Las guerras son siempre un fracaso de la política, pero el derecho humanitario debe mantenerse o ser posible, y este protocolo es un intento de evitar que personas inocentes se conviertan en víctimas una vez que el conflicto bñelico ha terminado. Su cumplimiento no es sólo una obligación legal. Es en primer lugar un deber moral para con las personas y con el fin de restablecer la paz.