El crimen de la eutanasia y el suicidio asistido en Cataluña 
sábado, 13 de septiembre de 2008, 1:23:32 | FPC. 

La situación de la sanidad pública y las instituciones oficiales del estado español. 

Hoy en día se observan determinadas actitudes maniqueas en el seno de la Iglesia, que se reproducen en los tiempos modernos de modo y manera que se adoptan los viejos modelos que tanto se combatieron en su época. Se trata hoy en día de las corrientes ideológicas que calan hasta lo más hondo de la sociedad y defienden la cultura de la muerte, como así lo hicieron desde Manes, filósofo persa, de donde toma origen el término maniqueismo, hasta la Edad Media con la secta de los cátaros o albigenses, los que siendo defensores del suicidio como forma de liberación propugnan por compasión que es justificable acabar con la vida de los enfermos a causa de su estado de gravedad. 

No son pocos los laicos y sacerdotes que pretenden justificar la eutanasia y el suicidio asistido como medida de gracia ante el sufrimiento. En el seno de la Compañía de Jesús en Barcelona, que por así decirlo es una de las ciudades más secularizadas de Europa en estos momentos, se han producido disensiones de criterio a consecuencia de no respetar el voto de obediencia al magisterio pontificio.

En la actualidad, ya existe un protocolo de agonía y una comisión de mortalidad en el Comité de Ética Asistencial (CEA) del Hospital Principes de España de la Ciudad Sanitaria y Universitaria de Bellvitge (CSUB) de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que funciona desde 1996 y del que como miembro el Dr. Antonio Ramón Díaz-Prieto Huidobro en su ponencia en las II Jornadas Nacionales de Ética Asistencial en calidad de Coordinador del Servicio de Medicina Intensiva – SMI, y de cuyas actas fueron publicadas bajo los auspicios de la Curia Provincial de la Obra de San Juan de Dios en su revista "Labor Hospitalaria" (abril-junio 2000) se desprende la idea de que el tratamiento futil en los pacientes críticos justificaría la suspensión de las medidas de soporte básico, alimentación por tubo y remedios terapéuticos normales en los enfermos graves. Miguel Martin, Director de la revista y desarrollando su labor hospitalaria en el Hospital de Manresa fue quien invitó al Dr. Díaz- Prieto a instancias del Presidente del Instituto Borja de Bioética, el Padre Jesuita Francisco Abel que ha asesorado durante años el CEA del Hospital de Bellvitge.

Durante el mandato como Consejero de Sanidad de la "Generalitat" de Cataluña, de Eduardo Rius (1996 – 2002), perteneciente al partido político de Convergencia y Unión, se ha institucionalizado con un fraude de ley la práctica de la eutanasia en la sanidad catalana con la firma autorizada en un registro oficial de declaraciones de voluntades anticipadas, después de que la ya cesada Ministra de Sanidad y diputada del Partido Popular, la Sra. Celia Villalobos, afirmara que la eutanasia en España es un delito.

Considerar delito la eutanasia es una cuestión de solidaridad social, pero el mensaje que se está dirigiendo a la opinión pública y a la ciudadanía bajo el eufemismo de la compasión que propugnan sus defensores es que no vale la pena luchar por la vida de los enfermos terminales, al fin y al cabo que por razones socio-económicas es un gasto innecesario y que ya no tiene sentido invertir en una vida inútil más recursos sanitarios.

En los medios de comunicación hemos asistido a debates que nos dejan perplejos al observar que se hace patente la impunidad con la que obran determinados médicos. El Dr. Juan Carulla Torrent – Director de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital de Valle Hebrón (Barcelona) ya confesó públicamente en el programa "entre lineas" de TV3 de Cataluña, del periodista Ramón Pellicer (4 de junio del 2001) que él y su equipo médico han practicado eutanasias activas en un porcentaje de sus pacientes.

Desde los poderes públicos so pena del mal que padece nuestra sociedad, se propicia la doble moral de castigar el delito (Art. 143 del Código Penal) pero no al criminal, para a la fin y a la postre no aplicar la ley y así decir a sus conciudadanos por vía de abstenerse que está permitido. 

Siendo Presidente en funciones de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB), el Dr. Juan Monés Xiol, médico proeutanasia y con trayectoria política en el partido de la Izquierda Republicana de Cataluña, la Dra. Dolores Voltas Baró en calidad de Presidenta de la Federación de Asociaciones Pro-Vida en España y miembro de la misma Comisión Deontológica del COMB, llegando a sus manos la denuncia interpuesta contra el Dr. Juan Carulla Torrent que adjuntaba la correspondiente prueba incriminatoria de sus homicidios, no entró en Comisión ni tramitó expediente sancionador alguno para su expulsión de la profesión.

Aprovechando el vacío de poder en el Vaticano, en el periodo del Camarlengo, el Presidente del Instituto Borja de Bioética (Barcelona), el Padre Jesuita Francisco Abel, hizo una clara apología del homicidio terapéutico apoyando la despenalización de la eutanasia, cuando nuestro difunto Cardenal Narciso Jubany Arnau, cuando presidía el Comité para la defensa de la vida de la Conferencia Episcopal Española, ya en el año 1993 emitió un documento que contiene 100 cuestiones doctrinales contra la despenalización de la eutanasia porque es un crimen contra la vida humana y su dignidad, y del que se hacen corresponsables por acción u omisión todos los que colaboran o participan en la realización de este acto homicida. Y en cambio el actual Cardenal Antonio Cañizares, cuando era obispo ya expresaría su pesar por la eutanasia activa pero su apoyo por la eutanasia pasiva, cuando el magisterio deja claramente constatado que no es admisible en ningun supuesto la despenalizacion de la eutanasia, porque es un homicidio por acción u omisión a todas luces moralmente rechazable, que no acepta la eutanasia por activa o pasiva para evitar el encarnizamiento terapéutico.

Una acción u omisión que de ella misma o por intención produzca la muerte constituye un asesinato gravemente contrario a la dignidad de la persona humana. El error de juicio en que se puede caer, no cambia la naturaleza homicida siempre prohibida y rechazable.

La ley española desde el último Código Penal (1996) ha suavizado la penalización de la eutanasia, pero ello no es motivo para que la secunden en determinados supuestos. La ley penal que condena su práctica es una cuestión de solidaridad social en favor de los más desprotegidos, si no se ejercita la defensa de los derechos de los enfermos terminales a reclamar un tratamiento vital por privilegio terapéutico y no se combate a los partidarios de la eutanasia y el suicidio asistido denunciando sus prácticas criminales, cualquier instrumento jurídico que tiene su origen en los cuidados paliativos u ortotanasia se convierte en una estéril legislación que deja de tener sentido en la sociedad, por lo que es necesario de forma consciente y responsable, ejercitar la ley y denunciar a los que apoyan el homicidio terapéutico.

Otros artículos.

Cataluña y su búnker de políticos suicidas. Un crimen contra la humanidad en la sanidad catalana.

La eutanasia es un delito penal y los médicos que la practiquen se pueden enfrentar a penas de prisión que oscilan entre los 6-12 años. Denuncia por homicidio doloso.

Ortotanasia : Tratamiento vital y privilegio terapéutico. Un estudio basado en el documento del Comité para la defensa de la vida, presidido por el Cardenal Narciso Jubany Arnau, y emitido por la Conferencia Episcopal Española con fecha 14 de febrero de 1993.

Declaración contra la eutanasia en España. Fecha : 15 abril 2006.

En el siguiente artículo publicado en el Arzobispado de Madrid, Antonio Cañizares expresó su pesar por la eutanasia activa y su apoyo por la eutanasia pasiva.

Resumen de Agencias de Noticias. Madrid, 1 al 7 de octubre de 2004 (2º art. de la Agencia Zenit).

El arzobispo de Toledo pide oponerse activamente a la legalización de la eutanasia activa (…)

Toledo, 5/10/2004.- Monseñor Antonio Cañizares, arzobispo de Toledo y primado de España, ha aclarado en una Instrucción Pastoral a sus diocesanos que "tanto gobernantes como gobernados" están llamados a oponerse a las leyes que está promoviendo el gobierno socialista español en materia de eutanasia activa (…) Sobre la cuestión de la eutanasia, a la que dedica la primera mitad de esta Instrucción, publicada el domingo, el arzobispo de Toledo recuerda la distinción moral entre la "eutanasia activa", que pretende directamente provocar la muerte y que por tanto es "un crimen", y la "eutanasia pasiva", que no busca provocar la muerte sino evitar el encarnizamiento terapéutico, y que "no es moralmente rechazable".

Para el prelado, resulta "muy inquietante" que "se pueda legalizar, como se ha hecho con el aborto, también la eutanasia activa y directa de ancianos, enfermos, y discapacitados. Sólo pensarlo estremece. Y de verdad que causa horror el ver que esta posibilidad se puede convertir en una realidad ante la presión que se está ejerciendo sobre la opinión pública y sobre quienes tienen responsabilidad de legislar. Respecto a su posible legalización, el arzobispo de Toledo afirmó que "aunque la eutanasia activa y directa fuese legalizada no dejaría de ser un asesinato", y añadió que supone "una falsa piedad, una preocupante perversión de la misma. La verdadera compasión nos hace solidarios con el dolor de los demás, y no elimina a la persona cuyo sufrimiento no se puede soportar".

El prelado hace un llamamiento a sus diocesanos a oponerse activamente a la eutanasia, además de con el "testimonio personal frente a la muerte", también participando "en los medios de comunicación social y demás foros de influencia en la opinión pública", y "votando, en los procesos electorales de nuestro país, con atención responsable hacia la actitud de cada partido político ante cuestiones como la familia, la sanidad, la política respecto a los minusválidos y la tercera edad, la eutanasia, etc …".