El Arzobispado de Barcelona y las IVEs en el hospital de Santa Cruz

El jefe de ginecología del hospital de San Pablo vinculado a métodos eugenésicos.

Fuente : ACA – Prensa Católica.

El P. Custodio Ballester Bielsa de la plataforma de Sacerdotes por la Vida de las diócesis catalanas ha denunciado recientemente que el director del programa de reproducción asistida y jefe de ginecología del hospital de Santa Cruz y San Pablo, el Dr. Joaquin Calaf, está implicado en casos de selección de embriones.

La depuración de responsables por el arzobispado de Barcelona por el momento acorde con las indicaciones que provienen del Vaticano, ha recaído en el despido de uno de sus representantes del patronato, y se han iniciado las pertinentes investigaciones que deben aclarar la situación de profesionales de la salud como el mencionado, por su precedente de estar implicado en prácticas que se están realizando en unidades de asistencia sanitaria relacionadas con el aborto o interrupciones voluntarias de embarazos (IVEs) y eugenesia.

La coherencia de canónigos en denunciar estas irregularidades y las primeras reacciones del Cardenal Luís Martínez, que está realizando un giro radical a su actitud inicial de negar los hechos para acto seguido tomar las primeras decisiones, aún se encuentra a medio camino de resolver la grave crisis ocasionada.

Hasta que no se resuelva la cuestión crucial de quien debe ser excomulgado, todo lo que se haga será en vano. Si en vez de iniciar expedientes para evitar excomuniones, como así hizo el arzobispo de Barcelona, exonerando de culpa a un sacerdote que había pagado abortos, se hicieran los trámites para condenar a sujetos que son autor y parte en actos execrables para la Iglesia, el rumbo de los acontecimientos cambiaría.

Sin embargo, tal y como se están llevando este tipo de asuntos lo único que se conseguirá es obstaculizar una vez más las soluciones necesarias para atajar el crimen del aborto, porque si los obispos son los primeros que no hacen lo que deben como pueden esperar que quienes con menor responsabilidad respondan a sus prerrogativas.

La Conferencia Episcopal Tarraconense y Española deben expulsar de la comunión eclesiástica a los criminales que han colaborado, consentido y participado en abortos terapéuticos realizados en hospitales vinculados a la Iglesia, y este es el único modo de que todo esto acabe porque no hay otra manera de hacer justicia a las víctimas a pesar de todos los males que ya se han ocasionado.

Para los obispos catalanes y españoles lo más importante no debería ser mantener la unidad de la Iglesia a toda costa sacrificando los valores que han dado sentido a sus principios durante generaciones, sino que lo principal es despojar de los sacramentos a quienes no se muestren acordes con el magisterio de la vida propugnado por Juan Pablo II y que en Benedicto XVI tiene a su continuador.

La decisión de no excomulgar a los instigadores, es el principal, mayor y más grave error preconcebido del estado de situación desde la aprobación de la ley Aído en España, con esta actitud solamente harán que multiplicarse las denuncias y nunca se pondrá fin a todo el dolor y sufrimiento de la comunidad eclesial a causa de la tibieza de nuestros pastores.