El escándalo de los abortos en hospitales de la Iglesia en Cataluña

Fuente : ACA – Prensa Católica.

La aplicación de los convenios institucionales en hospitales participados por la Iglesia catalana obligarían a la adopción de penas canónicas en casos de IVE – Interrupción Voluntaria del Embarazo, pero en cambio, se están observando insuficientes medidas adoptadas por los obispos contra los abortos quirúrgicos y farmacológicos en instituciones hospitalarias.

El Cardenal Arzobispo de Barcelona, Luís Martínez, ha apartado de su cargo al sacerdote J. Turull que desarrollaba su actividad en calidad de representante de la archidiócesis en el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo. El Obispo de Terrassa, Saiz Meneses, ha aceptado la dimisión del sacerdote I. Fuster que desempeñaba su labor como vicepresidente del patronato del Hospital de Sant Celoni (Barcelona).

En ambos casos se trata de una renuncia en funciones que las diócesis mantenían y que por tanto, dicha decisión se entiende en sintonía con la orden que emitió la Congregación de los Obispos de retirarse de los patronatos hospitalarios en los que se documentan abortos provocados.

Sin embargo, en los convenios institucionales que rigen el funcionamiento de estos hospitales, en caso de que alguno de los principios éticos y morales de la Iglesia católica contemplados haya sido vulnerado, obligaba a los obispos y a través de sus representantes a que se tomaran las medidas oportunas para su cumplimiento.

El hecho de apartar a los sacerdotes parece ser el modo en que se está actuando, pero si entendemos que también con ello se está admitiendo que se cometieron actos contrarios a la doctrina en estos centros sanitarios, creemos que además de apartar a los prelados, las investigaciones que ha abierto el Consejo Pontificio para la Pastoral de la Salud deberían servir para arrojar luz sobre el grado de implicación en el pasado de quienes estuvieron relacionados en la comisión de los mismos.

No obstante, no tenemos conocimiento de que se haya puesto en funcionamiento la maquinaria burocrática para expulsar vía excomunión de la Iglesia a quienes se han visto implicados directa e indirectamente en la práctica de abortos en estos centros dependientes de fondos públicos y/o privados. Las actuaciones no vemos que se acompañen de expedientes sancionadores y disciplinarios frente a posibles implicaciones y complicidades en actos contra naturaleza, porque quienes son responsables de esta situación, el derecho canónico es claro, deben ser penados y privados de la comunión eclesial, siendo este el modo previsto para depurar responsabilidades criminales.

A nuestro entender, y según la opinión del psicólogo clínico y social, José María Amenós Vidal (docencia e investigación desde 1984) por la Universidad Central de Barcelona (España), son muchos los fieles que exigen excomulgar a los culpables como prueba de fidelidad al magisterio por parte de quienes deben tomar dichas decisiones.