19 febrero 2013, 17:55

La fiscalía de Barcelona utiliza el recurso de casación contra la absolución de los acusados por el caso Morín.

No bastó pedir 273 años de prisión por 89 expedientes que sobrevivieron a la criba realizada por la magistratura según la ley Aído, la mayor y más cruel liberalización del aborto en España, ya que son centenares de casos los que el Centro Jurídico Tomás Moro (CJTM) con la ayuda legal de Alternativa Española (AES) en calidad de acusaciones particulares documentaron para encausar a la organización criminal encabezada por el doctor Carlos Morín y sus colaboradores que operaban en clínicas como Ginemedex en Barcelona, y extendía sus redes hasta el mismo Hospital de Santa Cruz y San Pablo administrado por el Arzobispado de Barcelona en el que durante la comisión de los hechos trabajaban dos anestesistas adjuntos a su servicio de urgencias.

El 31 de enero del 2013 se dió a conocer la sentencia de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona que contra la “lex artis” y en un ejercicio de mala praxis médica y jurídica otorgaba su absolución, cuando en realidad de los expedientes aportados como pruebas por el fiscal del caso, queda demostrado que los acusados culpables de cometer abortos ilegales se deshacían de los cuerpos mediante trituradoras hallando ADN humano en las mismas cañerías de dichos centros médicos. La fiscalía en la linea de la jurisprudencia dictada por la doctrina que emana de los recursos de casación presentados ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo de justicia pretende confirmar en última instancia las penas contra los facultativos implicados.

Continuación …

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