La vía diplomática, ejecutiva, legislativa y judicial en el caso de Asia Bibi

Si fueron tres vías de recurso las que había abiertas a la esperanza de salvar la vida de Asia Bibi, la más factible es la vía ejecutiva del perdón presidencial, pues así lo manifestaron personalidades del país como el gobernador de la provincia de Punjab, Salman Taseer.

Por la vía judicial el problema es que por intervención del Tribunal Superior de Lahore, el 29 de noviembre, se bloqueó la decisión de indulto anunciada, provocando la obstrucción de su liberación. Y el plazo de presentación de alegaciones durante el proceso de apelación de la sentencia dictada el 8 de noviembre, venció el 22 de noviembre, día en que se anunció la amnistía y se pudo hacer llegar la carta de petición de clemencia firmada el 20 de noviembre por parte de Asia Bibi, siendo este el punto de inflexión que cambió su destino puesto que la última posibilidad contemplada de la Corte Federal de la Sharia todavía no se ha pronunciado al respecto.

Por la vía legislativa, la polarización de los sectores de la sociedad en Pakistán por el intento de abolir la ley anti-blasfemia es una medida que al inicio nos pareció inviable y no la contemplamos como una opción, puesto que Pakistán lidera en las Naciones Unidas el intento desde hace años por parte de la OPI (Organización de países islámicos) de dar estatuto jurídico a esta legislación a nivel internacional.

Por todas estas razones, nuestra estrategia desde el principio está basada en la única posible, la petición de conmutación de la pena capital por el artículo 45 de la Constitución de 1973 reinstaurada por Asif Ali Zardari y dirigida a la intermediación de los representantes del poder ejecutivo y legislativo de la nación, porque la intención de la justicia pakistaní ha sido siempre ratificar su condena, y en definitiva, seguimos creyendo que es imposible abolir la ley contra la blasfemia, así como tampoco podemos esperar para bien de la justicia nada de los jueces.

Por la vía diplomática, a nuestro entender, se debe reforzar la soberanía nacional de la presidencia pakistaní, y no basarse en especulaciones como que la denuncia del caso siguiendo el canal ordinario se resolverá, puesto que no se puede confiar en los tribunales.