La finalidad de la huelga de hambre del alcalde de Alburquerque.
La solución a las reivindicaciones de Angel Vadillo es optimizar los recursos económicos de la administración financiera y tributaria del estado.
Angel Vadillo, alcalde de Alburquerque (Badajoz), en huelga de hambre desde hace 85 días, que ha perdido ya más de 28 kilogramos de peso, en demanda de la puesta en marcha en su pueblo de varios proyectos termosolares suspendidos desde el inicio de la legislatura política, representa desde hace años como edil a un partido político como es el PSOE – Partido Socialista Obrero Español, fuerza política que rechazamos de plano por vulnerar los cinco principios innegociables en política que forman parte del originario ideario ecologista y pacifista que siempre hemos defendido desde nuestra candidatura en la ya disuelta y extinguida plataforma del Movimiento Ecologista de Cataluña en las elecciones generales de 1986.
Sin embargo, como conservacionistas de la naturaleza y al margen del eje izquierdas-derechas que constituye la vertebración parlamentaria en que se halla sumida la opinión pública, los intereses legítimos de la gran mayoría de españoles priman sobre las disputas ideológicas ante la necesidad de encontrar una solución a los problemas económicos derivados de la crisis.
Por esta razón, la respuesta más justa a las reivindicaciones de Angel Vadillo y de todos los españoles pasa en primer lugar por analizar la situación económica del estado de gobierno del PP – Partido Popular con el fin de señalar el camino de resolución a un conflicto que se originó con la aprobación del Real Decreto Ley 1/2012, que implantó la moratoria renovable, y ha provocado el “crack” económico de un sector emergente que en los últimos años ofrecía empleo y seguridad a muchas familias del sur del país y que ahora son las más vulnerables ante las medidas implantadas por el gobierno.
El análisis de los presupuestos generales del estado 2010-12 en España, nos indica que de las 26 partidas presupuestarias, 21 han sufrido recortes a excepción de 5, que son : las transferencias a otras administraciones públicas, la administración financiera y tributaria, las pensiones, las subvenciones al transporte y la deuda pública, es decir, de entre lo más negociable resultaría ser a día de hoy tanto la financiación como la tributación al estado que reúne uno de los mayores aumentos presupuestados.
Como postgraduado en intervención ambiental, máster de gestión del medio ambiente, y técnico en proyectos e instalaciones de energía solar térmica y fotovoltaica, los especialistas sabemos que son necesarios muchos cálculos para determinar la viabilidad de una instalación de energía solar, y entre ellos están los estudios sobre la tasa de rentabilidad interna y el tiempo de retorno de capital invertido que son la base sobre la que se construye el futuro de un proyecto.
Está demostrado que en pequeñas instalaciones solares el tiempo de retorno del capital invertido puede oscilar alrededor de los 7 años y que la tasa de rentabilidad interna se movería entre el 12 % a 10 años y el 20 % a 20 años, respectivamente, siendo esta una de las maneras posibles de solucionar el presente conflicto de intereses creados, es decir, ofreciendo como contrapartida créditos a cuenta de la administración financiera y tributaria.
Algunos proyectos como los reivindicados por el alcalde de Alburquerque resultan ser necesarios para el desarrollo de la economía de poblaciones en regiones remotas del sur de la península ibérica, el archipiélago canario, ceuta y melilla, y adecuadas para la implementación de energías limpias en sustitución de costosas termoeléctricas abastecidas por fuel oil y diésel en el hemisferio sur, cuya fuerte dependencia de los derivados del petróleo e importaciones extranjeras de crudo son las verdaderamente responsables del déficit tarifario y el aumento de los costes de la electricidad que revierte en el consumidor, que sigue sin sufragar los gastos de prospección de pozos petrolíferos, explotación de refinerías y producción de centrales térmicas.
El hecho de haber perdido las primas a las renovables con el RDL 1/2012, convierte necesariamente al gobierno en gestor de recursos económicos y con el fin de abordar los proyectos termosolares o fotovoltaicos que estaban ya decididos en anteriores legislaturas políticas, uno de los modos posibles para su puesta en marcha es a cuenta del reembolso de créditos financiados de los presupuestos generales del estado. La solución reside en el estudio de la rentabilidad y de las inversiones a corto, medio y largo plazo, porque de mejorar la gestión el estado participaría del cobro de pagos crediticios como parte del abono de la facturación eléctrica, siendo posible incluso y a falta de liquidez convertirse en intermediario entre bancos de inversión, PyMES y grandes compañías eléctricas.

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