Yassin Suleiman y su padre, de 35 y 60 años, kurdos sirios detenidos, al parecer, el 21 de diciembre. Se cree que se encuentran recluidos en régimen de incomunicación, bajo custodia, según informes, de los servicios de Seguridad del Estado (Amn al-Dawla), por lo que corren un gran riesgo de tortura y otros malos tratos. Su detención parece guardar relación con la presunta pertenencia de Yassin Suleiman a la organización no autorizada Partido Democrático Progresista Kurdo.

Yassin Suleiman, su esposa e hija viajaron a Noruega y pidieron asilo allí hacia el final de 2004. Las autoridades noruegas rechazaron su solicitud y, a principios de noviembre de 2006, los devolvieron a Siria, acompañados por dos agentes de policía noruegos.

Al llegar a Damasco, Yassin Suleiman, su esposa y su hija regresaron a su casa, en Al Hassaka, cerca de la localidad de Qamishli, en el noreste del país. Según informes, poco después Yassin Suleiman fue citado por la oficina de los servicios de Seguridad de Estado de Qamishli, cuando se presentó el 21 de diciembre, le dijeron que fuera a la oficina de Damasco. Viajó entonces allí en compañía, al parecer, de su padre, que tiene más de 60 años y padece hipertensión. Ambos fueron detenidos a su llegada, y los intentos de su familia de conseguir información sobre ellos no han dado hasta ahora ningún resultado. El 3 de enero, la oficina de los servicios de Seguridad del Estado comunicó a un miembro de la familia que no se permitía a ésta ver a Yassin Suleiman ni a su padre.

Es habitual someter a tortura y malos tratos a los presos políticos kurdos sirios durante su reclusión en régimen de incomunicación en las prisiones y centros de detención sirios. Las autoridades imponen grandes restricciones a la publicación y distribución de material en kurdo, incluidos libros y música. A muchos kurdos se les niega también el disfrute pleno del derecho a la educación, el trabajo y la salud, así como el derecho a utilizar su lengua en las escuelas y otros lugares públicos. Si se considera que están relacionados con partidos políticos kurdos o con grupos que puedan expresar preocupación por el trato que reciben los kurdos en Siria, corren el riesgo de que los detengan arbitrariamente y, en muchos casos, los sometan a tortura y otros malos tratos. Se pueden presentar contra ellos cargos como pertenecer a organizaciones "ilegales" e "intentar separar parte del territorio sirio para anexionarlo a un Estado extranjero". Estas acusaciones pueden dar lugar a juicios injustos ante el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado o ante tribunales militares, cuyas prácticas no cumplen en absoluto las normas internacionales sobre juicios justos.

Según la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados, en la que Noruega es Alta Parte Contratante, no se puede "por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, Religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas".