La renuncia al estado clerical es la pena impuesta a los acusados de abuso de menores. 

Ya en el Código de Derecho Canónico de 1917, canon 2359, párrafo 2, y en el Código reformado de 1983, canon 1395, párrafo 2, hay una referencia precisa :

"El clérigo que haya cometido delitos contra el sexto precepto del Decálogo, si en realidad el delito se ha cometido con un menor de edad, será castigado con penas que no excluyen la dimisión del estado clerical, cuando el caso lo requiera".

Juan Pablo II, el 30 de abril de 2001, publicó la carta apostólica "Sacramentorum sanctitatis tutela" con las "Normae de gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis" donde se reserva a la Congregación para la Doctrina de la Fe la competencia exclusiva en esta materia detallando una serie de delitos graves, entre ellos la pederastia (1).

La Instrucción "Crimen sollicitationis", vigente hasta ese momento, y que fue emitida por la Suprema Sagrada Congregación del Santo Oficio el 16 de marzo de 1962, hoy en día la actual Congregación para la Doctrina de la Fe, requería adecuarse a los nuevos tiempos y códigos de derecho canónico promulgados en estos asuntos, siendo así aprobado, confirmado y promulgado por el Sumo Pontífice Juan Pablo II en su Carta Apostólica Motu Proprio “Sacramentorum sanctitatis tutela”, el delito contra el sexto mandamiento del Decálogo cometido por un clérigo con un menor de dieciocho años de edad (2).

S.S. Benedicto XVI, el Cardenal Joseph Ratzinger era el Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en ese momento cuando se aprobó la legislación canónica que condena explícitamente los delitos sexuales cometidos por ministros de la Iglesia :

1) indicando el camino para erradicar el abuso de menores entre los sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas.

2) exigiendo la reacción firme de toda la Iglesia contra los casos de abusos sobre menores.

3) pidiendo una atención especial hacia las víctimas.

El Santo Padre Benedicto XVI expresa que los daños causados por los abusos sexuales son tan profundos que por tratarse de actos criminales irreparables son aún más graves cuando quien los cometiere es un eclesiástico en el ejercicio de sus funciones.

Citamos sus palabras : «En vuestros continuos esfuerzos por afrontar de manera eficaz este problema es importante establecer la verdad de lo que ha sucedido en el pasado, tomar todas las medidas adecuadas para evitar que se repita en futuro, asegurar que los principios de justicia sean plenamente respetados, y sobre todo, proporcionar una curación a las víctimas y a todos los que han quedado afectados por estos crímenes atroces» (3).

Referencias bibliográficas.

1. Comunicado oficial de la Oficina de Información del Vaticano, 21 de Marzo 2002. Cardenal Darío Castrillón Hoyos, Prefecto de la Congregación para el Clero.

2. Carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe a los Obispos de toda la Iglesia Católica y a los demás Ordinarios y Jerarcas interesados, acerca de los delitos más graves, que están reservados a dicha Congregación. Roma, 18 de mayo de 2001. Joseph Card. Ratzinger (Prefecto) y Tarcisio Bertone, S.D.B. Arz. em. de Vercelli (Secretario).

3. Discurso de Benedicto XVI a los obispos católicos de Irlanda durante la visita «ad limina Apostolorum», el 28 de octubre, 2006.