El parlamento catalán ha perdido el juicio.
Hablamos como psicólogos de profesión, y del titular de este comunicado se desprende que los gobernantes de Cataluña han perdido la razón. Por muchas razones, ya no vale el tópico de que el catalán es una persona con buen juicio y sentido común porque de nuestros representantes políticos destaca su falta de cordura al retar a España con un desafío por la independencia.
Cualquier tentativa separatista es un esfuerzo baldío, porque la legalidad vigente y el estatuto jurídico que conforman el estado de derecho se imponen sobre cualquier referéndum hacia la soberanía. El primer escollo, el parlamento español que no consentirá la consulta independentista de los catalanes, en segundo lugar, en caso de celebrarse por decisión del gobierno catalán, el tribunal constitucional no permitirá la separación de su territorio. La tercera vía que sería recurrir a las instituciones europeas es impracticable, pues no apoyan que una nación se convierta en estado soberano para después quedarse fuera de la Unión Europea porque su marco político es integrador.
En conjunto, el futuro del pueblo y la ciudadanía como rehenes de su parlamento, no pasa por el Síndrome de Copenhague, es decir, identificarse con los políticos de CiU (Convergència i Unió), ERC (Esquerra Republicana de Cataluña) u otras fuerzas políticas que han pactado por la secesión, sino todo lo contrario, pasa necesariamente por el Síndrome de Lima, por el que los políticos independentistas deben comprender que los ciudadanos no pueden soportar más presiones que las propias de la crisis económica al ser imposible que el Gobierno de España negocie la independencia con la Generalitat de Cataluña.
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