Ciudad del Vaticano, 21 octubre 2014 (VIS).- Un estado de derecho basado en el principio de justicia, fue el tema central del discurso pronunciado el pasado 13 de octubre en la sede de Naciones Unidas en Nueva York por el arzobispo Bernardo Aúza, Observador Permanente de la Santa Sede ante la ONU, en el curso de la 69 sesión de la Asamblea General.

Aunque el compromiso por el estado de derecho pueda parecer universal, afirmó el prelado, todavía persiste el desacuerdo sobre la definición del mismo. La delegación de la Santa Sede se basa tanto racional como moralmente en el principio fundamental de justicia, que incluye la dignidad inalienable y el valor de cada persona humana, y como consecuencia el reconocimiento de sus elementos fundamentales. Del mismo modo, en lo que respecta a las relaciones entre los estados, el máximo respeto por los derechos humanos, la igualdad entre las naciones, y el cumplimiento de los tratados.

Por esta razón, más allá de la policía, los tribunales, jueces, fiscales y toda la infraestructura jurídica, es necesaria la confianza social, solidaridad, responsabilidad ciudadana, el buen gobierno y la educación moral. De este modo, la familia, las comunidades religiosas y la sociedad civil desempeñan un papel fundamental.

Después el arzobispo observó que en el centro del marco internacional está la Carta de las Naciones Unidas y los mandatos contenidos en sus fines. En el ejercicio de estas facultades es oportuno destacar el compromiso de los países en cumplir con su obligación protegiendo estas libertades, ya que para la consecución del estado de derecho, las estructuras deben aplicar con imparcialidad estos principios, en particular con las minorías religiosas y étnicas en Oriente Medio u otras regiones, que esperan medidas urgentes para obtener una responsable protección jurídica.

En definitiva, la Santa Sede señala que toda nación debería tener por exigencia el proteger a su población de las graves y prolongadas violaciones de sus derechos, y en cualquier caso, si así no fuera posible, será la comunidad internacional quien deberá intervenir con los medios jurídicos previstos para garantizarlos, cuestión que se hace cada vez más urgente ante la escalada creciente que está alcanzando el terrorismo a nivel mundial, porque está adquiriendo dimensiones antes nunca vistas, y con expresiones de profunda barbarie.