13 abril 2013, 23:45

Las ambigüedades del portavoz de la Conferencia Episcopal Española.

Oimos del Obispo Juan Antonio Martínez Camino, el portavoz de la CEE – Conferencia Episcopal Española, que sigue siendo prioritario establecer medidas de protección de la institución familiar en España, ante las constantes agresiones por parte del poder legislativo, ejecutivo y judicial.

No obstante, cuando se refiere a otra de sus posturas en casos específicos como el de la violación, empezó a disertar sobre el hecho de que estaría justificado el uso de un fármaco con el fin de evitar la concepción del óvulo fecundado, sin embargo, por esta ambigüedad nos preguntamos como es posible que a estas mujeres habiendo sido forzadas no les hayan aportado instrucciones precisas de la conducta a seguir en caso de una agresión sexual, cuando lo primero y más esencial, es advertir que en vez de destruir las pruebas del delito cometido con un espermicida es más que necesario obtener una muestra de ADN del violador para presentar la correspondiente denuncia penal.

Los psicólogos que asistimos a mujeres violadas, entendemos que el único modo de superar el trauma sufrido, es conseguir la condena de su violador, ya que en su condición de supervivientes, dígase síndrome de mauthausen, se trata en realidad de hacer justicia a la víctima, porque las personas que padecen de este cuadro clínico no experimentan curación hasta ver a su agresor en prisión.

El error de las políticas sobre violencia de género aparece cuando se piensa en espermicidas, abortos y la posible reinserción de los agresores, en vez de obtener para las mujeres maltratadas una justa satisfacción en los tribunales, citemos el caso del asesinato de la activista provida de HO-DAV (Hazte Oir – Derecho a Vivir) en Málaga, Susana María Galeote, cometido porque el sistema judicial había decidido no aplicar una pena de cárcel a su asesino antes de cometer el crimen, ya que se decidió conmutarla por un programa de rehabilitación en régimen abierto, cuando de realizarse en cualquier penitenciaria del estado no hubiera ocurrido.

Por esta razón, una vez más percibimos una doble moral en estas declaraciones en su conjunto, porque del mismo modo que los obispos como medida de protección de la institución familiar deberían estar obligados a excomulgar a legisladores y gobernantes que apoyan la ley del aborto en el parlamento, y no lo han hecho con la última promulgación de la ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo por parte de Juan Carlos I, Rey de España, vemos en esta ocasión que aunque se oponen al asesinato de neonatos, parecen estar más preocupados en evitar el embarazo producto de una violación que conseguir la prueba del crimen que permita el encarcelamiento del agresor, y en tal caso, siendo que embarazada la víctima, la obligación de la CEE seguiría siendo expresar su apoyo a la adopción o tutela del futuro recién nacido, ya que en caso de su aborto, también el hijo como la madre se convertirían en víctimas de una doble violación.

Continuación …

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