(RV).- Los Obispos de Bolivia, ante las elecciones generales, del próximo 12 de octubre, en un comunicado, fechado el 25 de septiembre, sobre el tema : «Por unas elecciones libres, con transparencia y credibilidad. Obedecer a Dios por el camino de la justicia y del derecho. (cfr. Mt 21, 32)»; la Conferencia Episcopal Boliviana, fiel a su vocación y en actitud de servicio, comparte con la ciudadanía sus criterios y orientaciones frente a este acontecimiento de interés nacional, a la luz de los principios humanos y cristianos en el contexto de la Doctrina Social de la Iglesia.

En el texto destacan que la transparencia es un requisito decisivo, así como que el voto es un derecho y deber constitucional, en favor de la dignidad humana y el bien común.

La trasparencia, escriben «es la única garantía de la credibilidad de los procesos electorales». Por lo que es importante que autoridades y operadores del órgano electoral plurinacional extremen esfuerzos para garantizar a la población un proceso imparcial. De igual manera, es altamente recomendable que se faciliten y apoyen iniciativas de observación y control ciudadano por parte de organismos e instancias, nacionales o internacionales, que gocen de credibilidad.

Destacando la vocación democrática del pueblo boliviano y reiterando luego su llamado a la población para que, también en esta ocasión, demuestre una alta y ejemplar participación, recuerdan que el voto es un derecho constitucional, individual, secreto, consciente y responsable, fundado sobre los principios de libertad de conciencia. Por eso, los ciudadanos han de ejercer este derecho sin temores porque la participación fortalece la democracia y es una forma de colaborar en la construcción de un futuro digno para las personas y toda la comunidad.

Votar en conciencia es apostar por valores fundamentales de desarrollo en la sociedad como la vida, justicia, solidaridad y verdad. Por ello es importante la información y un sano discernimiento.

Todo lo que impide o condiciona el voto : presiones, insultos, descalificaciones, discriminaciones de diverso tipo, y peor aún, cualquier forma de amenaza o agresión física, atenta contra sus derechos fundamentales. Asimismo la demagogia, la prebenda y el soborno ofenden o hieren la dignidad de las personas.

Puesto que no es lícito ni democrático que partidos políticos, comunidades, organizaciones sociales o dirigencias utilicen los amedrentamientos y represalias. No hay ningún argumento válido que legitime estas acciones, que por otro lado, deben ser denunciadas y resueltas oportunamente por los órganos establecidos, porque soslayan la libre expresión y estabilidad democrática.

Y es particularmente condenable, venga de quien venga, que se usen instituciones, bienes y recursos, públicos o privados, como instrumentos de presión, chantaje o legitimación en el poder. La ciudadanía debe hacer valer sus derechos y denunciar todo atropello.

(CdM – RV)