Ciudad del Vaticano, 23 octubre 2014 (VIS).- El Santo Padre recibió esta mañana en audiencia a una delegación de la Asociación Internacional de Derecho Penal a quien dirigió un discurso centrado en los puntos que en ese ámbito interpelan a la Iglesia en su misión de evangelización.

El sumo pontífice comenzó reafirmando la condena absoluta de la pena de muerte que sigue siendo utilizada en los regímenes totalitarios como un instrumento de supresión de la disidencia política o de persecución de las minorías religiosas o culturales, algo que para un cristiano es totalmente inadmisible. En este contexto, habló también de las injustas ejecuciones extrajudiciales, es decir, los homicidios deliberados cometidos por algunos estados y que son presentados como consecuencia del uso razonable de la fuerza.

Asimismo, destacó también la tortura u otros tratos inhumanos y degradantes, recalcando que en nuestros días se administran como un medio para lograr un fin particular, tales como la confesión o denuncia, prácticas características de la doctrina penal de la seguridad nacional, que se han permitido o legitimado en algunos casos, pero que constituyen un abuso añadido a los agravantes propios de la detención.

Después se refirió a los presos sin juicio previo, afirmando que la prisión preventiva, cuando se usa de forma abusiva constituye otra forma contemporánea de violación de los derechos humanos, señalando las condiciones de los encarcelados y el estado deplorable de muchas penitenciarías en buena parte del mundo, que aunque a veces se deben a la carencia de infraestructuras, otras son resultado del ejercicio arbitrario del poder sobre las personas privadas de libertad. 

Por último, y en cuanto a la aplicación de sanciones penales sobre algunas formas de criminalidad que hieren gravemente a la sociedad, entre ellas la trata de personas y la esclavitud, ha recordado que son un crimen contra la humanidad en el derecho internacional.

En definitiva, la cautela en la aplicación de las penas y el respeto por la dignidad humana deben actuar como límite de la arbitrariedad y los excesos, como principio rector y criterio de orientación con el fin de perseguir y reprimir aquellos actos delictivos que atentan contra la integridad de las personas y el bien común.